La Argentina tiene una gran deuda pendiente en materia de desarrollo humano. El país que en el siglo XX supo abrazar la movilidad social ascendente como motor para la construcción de una sociedad integrada, con la clase media más importante de América Latina, hoy presenta desafíos fundamentales en términos de desarrollo humano. El siglo XX fue para la Argentina un período marcado por crisis institucionales y reiteradas alteraciones al orden constitucional. El siglo XXI, en cambio, pareciera presentar como principal desafío la cuestión del desarrollo humano.

Construir un modelo de sociedad sostenible implica comprender la profundidad de la cuestión social. La pobreza no es un problema nuevo en nuestro país. Se trata de un fenómeno que adquiere la categoría de “problema estructural” hacia fines de la década del 80 y principios de los 90, y que se fue agravando durante las últimas décadas.

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Tampoco es un problema estrictamente económico. La pobreza representa, en primer lugar, la vulneración de derechos sociales básicos —alimentación, educación, salud, trabajo y vivienda—, muchos de ellos reconocidos por nuestra Constitución y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. En segundo lugar, es consecuencia de malas decisiones de política pública, como asignaciones defectuosas del gasto social, falta de inversión pública estratégica, insuficiente inversión en educación y salud, dificultades de acceso al crédito hipotecario y déficits en materia habitacional. En tercer lugar, es también el resultado de los persistentes desajustes macroeconómicos de la Argentina, que además de las malas decisiones de política económica, en muchos casos, responden a la falta de confianza de la sociedad en un sistema político que, reiteradamente, la ha defraudado. Finalmente, y no como un aspecto menor, la pobreza también es consecuencia de la corrupción sistémica y de la falta de claridad en el régimen de coparticipación federal.

La pregunta, entonces, es cómo pensar el desarrollo humano y construir un modelo de sociedad sostenible e integrada. Considero que el camino es la inversión social estratégica. Para ello resulta indispensable alinear la política pública con el trabajo de las organizaciones sociales y la inversión privada. La política pública debe marcar el rumbo, incorporando los principales problemas sociales en su agenda y proponiendo soluciones concretas; las organizaciones de la sociedad civil deben aportar el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo, sus equipos técnicos y su experiencia territorial; y el sector privado debe acompañar mediante inversión, generación de empleo y desarrollo en sus áreas de influencia.

El trabajo colaborativo y las alianzas tornan más eficaz y eficiente la inversión social. El abordaje de la problemática social en las sociedades contemporáneas es sumamente complejo y exige apelar a la inteligencia colectiva. El centro del asunto radica en comprender que la inversión social no es solamente un slogan atractivo para las redes sociales, sino una inversión verdaderamente estratégica. Los recursos destinados a primera infancia, alimentación, educación, salud y vivienda retornarán en beneficios futuros, principalmente para nuestras empresas. Esto se traduce en más y mejor capital humano, mayor productividad, más competitividad y, en definitiva, mayor rentabilidad.

Pensar un modelo de sociedad sostenible demanda además poner el foco en la ecología y en el cuidado de la casa común. Algunos detractores de esta idea sostendrán, quizás con cierto grado de razón, que existen asuntos más urgentes. Sin embargo, considero que avanzar hacia un modelo real de sociedad sostenible e integrada requiere necesariamente incorporar el cuidado ambiental como una prioridad.

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Muchos de los problemas que hoy enfrentan las grandes áreas metropolitanas —Tucumán, por ejemplo— están vinculados con la gestión de residuos, las enfermedades derivadas de la contaminación ambiental, y las inundaciones provocadas por la falta de planificación urbana y el desmonte. En otras palabras, la ausencia de planificación ecológica termina transformándose en problemas de orden público.

Pensar la sostenibilidad social implica poner el foco tanto en la inversión social como en la inversión ecológica. La mejor forma de lograrlo es a través del trabajo colaborativo y las alianzas entre Estado, empresas y sociedad civil. Todos trabajando juntos en la construcción de un modelo de sociedad que permita a las generaciones actuales gozar de una buena calidad de vida, sin descuidar las oportunidades y el bienestar de quienes vendrán después.